Pronto llegará una nueva factura del servicio de energía, con seguridad, los justos reclamos por el alto incremento en la misma, se mantendrán.
Sendos debates -participé de ambos- realizaron el Concejo de Neiva y la Asamblea del Huila sobre este asunto; reconozco su liderazgo en la defensa de los usuarios de la región. Como ciudadano, me sumo a este clamor.
Importantes conclusiones obtuve de ambas discusiones. Empecemos por una débil negociación cuando se construyeron las represas de Betania y El Quimbo, el Huila no fue capaz de obtener una tarifa diferencial y por si fuera poco, se dejó sacar del negocio de la generación de energía, lo cual aumentó, con el tiempo, la exposición a bolsa de la entidad. Cerca de 950 megavatios se generan en el Huila, sin embargo, la regulación y libre competencia en el sector en nada nos favorecen.
A la politización de la Electrificadora del Huila se sumaron también las sanciones a cargo de la Superservicios, el derroche administrativo y las pérdidas a causa de las fallas operativas; también falló la planeación y previsión en un mercado expuesto a la especulación.
Durante la pandemia, el congelamiento de las tarifas en todos los servicios públicos provocó también un déficit cercano a los $6 billones en el sector, lo que se pensó sería un subsidio, no lo fue; el gobierno nacional dio instrucciones de recuperar este pasivo, lo contrario, abriría la puerta a un nuevo componente en una próxima reforma tributaria. Todos estos elementos afectaron angustiosamente a los neivanos y huilenses.
Entonces, ¿Qué hacer para proteger el bolsillo de todos los usuarios y salvar a su vez la Electrificadora del Huila? Ser sinceros primero que todo y no caer en el populismo, la gente está sensible y cansada de que le mientan; es claro que esta situación no será solucionada en el corto plazo.
Ahora bien, es necesario superar también la inestabilidad actual del gobierno corporativo, el mismo debe entender que hay variables del mercado que no puede controlar, por ello debe trabajar para optimizar otras como la administrativa y la operativa; igualmente, debe diseñar junto a su equipo de trabajo un modelo que permita implementar una opción tarifaria muy superior a los 36 meses y reducir con esto el golpe financiero causado por la pandemia. Sin duda, esto servirá para alivianar en algo el garrotazo que hoy soportamos.
Lo restante compete a una mesa de trabajo conjunta que aborde las modificaciones a la ley para implementar una tarifa diferencial, el mínimo vital y una nueva fórmula tarifaria en la CREG; sin dejar a un lado el proceso de transición energética, en donde sin duda, como región, tenemos mucho que aportar.
Fuente: Diario La Nación
