Neiva no puede ser una ciudad donde la autoridad se irrespete y desafíe. Debemos recobrar la confianza, respaldar a quienes nos protegen y entender que el respeto por la ley empieza en cada ciudadano. Defender el orden no es autoritarismo, es civismo.
En mis recorridos por las calles de nuestra ciudad, hay una frase que se repite con inquietante frecuencia: “en Neiva reina la ley de la selva”. Escucharla tantas veces, de boca de muchos, es una señal de alarma. Detrás de esas palabras se esconde algo más que frustración, la sensación de que el respeto por la ley, por la autoridad y por el orden se está desmoronando.
Cuando decimos que reina la ley de la selva, lo que realmente estamos expresando es que el miedo ha reemplazado la confianza y que la fuerza -no la razón- empieza a dictar las reglas. Es el síntoma de una sociedad donde cada quien impone su voluntad, donde ya no mandan las normas ni la justicia, sino la intimidación y el abuso.
Sin embargo, vale recordar que en la naturaleza, la llamada “ley de la selva” no significa desorden. En la selva auténtica existe equilibrio, cada especie cumple un rol y la fuerza tiene un propósito regulador, no destructivo. Es el ser humano, cuando pierde el respeto por la autoridad, quien convierte la fuerza en violencia y la convivencia en caos.
Lo vimos claramente la semana pasada, varios agentes de la Policía Nacional fueron brutalmente agredidos en un barrio del norte de Neiva por un grupo de cobradores “gota a gota” que amedrentaban a un ciudadano por no pagar una deuda. Lo más grave no fue solo la violencia, sino la indiferencia de la comunidad frente a la agresión. Ese silencio cómplice hiere la legitimidad de la autoridad y destruye el principio básico de ciudadanía, el respeto mutuo.
He advertido en repetidas ocasiones que detrás de esos prestamistas ilegales operan redes de microtráfico y lavado de activos, que usan el crédito informal como fachada para controlar territorios y personas. No son simples cobradores; son estructuras que se alimentan del miedo de los más vulnerables.
Por eso debemos decirlo sin titubeos, la Policía Nacional no es el enemigo, es la institución legítima del Estado encargada de protegernos y hacer cumplir la ley. Su función es mantener el orden y garantizar que los derechos de todos prevalezcan sobre la fuerza de unos pocos. Atacar a la Policía es atentar contra la legitimidad de la misma, contra la base de nuestra convivencia y contra la seguridad de nuestras familias.
Fuente: Diario La Nación
