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Estallido en la salud

Hace ocho meses, Petro, cegado por su orgullo y su ambición mesiánica, ignoró la necesidad de construir consensos y lanzó, de manera abrupta, la intervención más improvisada del sistema nacional de salud. Hoy, el sistema termina de colapsar y la vida de millones de colombianos está en riesgo.

Sanitas, Compensar, la Nueva EPS y otras entidades quedaron bajo el control directo de la Superintendencia de Salud mediante estas medidas, consolidando así un alarmante monopolio público liderado por el Gobierno Nacional. El mismo que hoy sufre graves problemas de ejecución y recaudo tributario.

Hace apenas unas semanas, Luis Carlos Leal, el mismo superintendente encargado de poner en ejecución la reforma del Presidente, decidió presentar su renuncia. ¿El motivo? Una simple solicitud de Laura Sarabia, directora del DAPRE, en medio de un escándalo aún por resolverse, relacionado con el desvío de recursos de la salud hacia paraísos fiscales. Como dirían por ahí, a esa historia, le falta un pedazo. Ojalá no sea la que entierre el sistema.

La crisis financiera, acelerada por las desastrosas decisiones del Gobierno Nacional, no tardó en hacerse evidente. La falta de medicamentos, provocada por la parálisis de los principales operadores farmacéuticos del país debido al incumplimiento de pagos por parte de la Nueva EPS, fue el golpe final que terminó por reventarlos.

El retraso en la asignación de citas, procedimientos médicos y cirugías, muchos de ellos de alta complejidad, ha desbordado el sistema, disparando las peticiones, quejas, reclamos, tutelas e incluso episodios extremos como encadenamientos y huelgas de hambre dentro de las mismas IPS y EPS.

Lo ocurrido con el magisterio y los profesores de Colombia es simplemente inaceptable. El desdén y la zozobra han llegado a niveles no vistos desde 1991. No hay derecho a semejante improvisación. Para ellos, el cambio tampoco llegó.

La amenaza de cierre o suspensión de hospitales por falta de insumos, presupuesto y personal médico ya no es solo un riesgo, es una realidad. El caso del Hospital Santa Sofía en Manizales es solo la punta del iceberg. En Neiva y el Huila, la deuda a la red pública de salud supera los $845 mil millones, mientras los prometidos “giros eficientes” brillan por su ausencia.

Ahora bien, los acontecimientos recientes no deben llevarnos a pasar por alto las deficiencias del sistema que requerían una reforma, como también un régimen de transición. Asimismo, es importante no olvidar a los corruptos responsables de la crisis actual.

Segundilla: Sería bueno saber en qué y cómo se han invertido los recursos girados a las IPS territoriales para conformar equipos de atención básica en salud.

Fuente: Diario La Nación

Defendamos la ‘Constitución’ del 91-chicho rodriguez

Defendamos la ‘Constitución’ del 91

“Usted no puede hacer una Constituyente de un sector contra otro. Eso sale mal. La Constituyente es, por definición, un acuerdo”. Fueron las palabras del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a Caracol Radio un día después de las marchas.

Tiene razón el Ministro. Las constituciones cuando son impuestas de un sector de la sociedad en contra de otro, inevitablemente terminan en una guerra civil y en k espiral de violencia política entre un sector que quiere defender su Constitución impuesta y otro que busca imponer la suya.

La Constitución del 91, en medio de sus dificultades y críticas, fue una Constitución de paz y concertación, no una Constitución hecha en tiempos de volatilidad política como los actuales.

Recordemos que la Constitución de 1863, fue una manifestación liberal exacerbada que duró hasta que en 1886, el sector opuesto, de origen conservador, pudo imponer la propia; esta última, también fue reformada con autoritarismo por el General Reyes Prieto, en una pretendida Asamblea Constituyente que se abrogó las funciones del Congreso -de aquel entonces- y terminó confabulada con el Expresidente, extendiendo su mandato por cerca de 6 años más.

Por estas históricas razones, las constituciones, son un acuerdo entre los diferentes sectores de una sociedad que no pueden estar sometidas al querer de uno solo. Atribuirse la voluntad del pueblo es una característica propia de regímenes totalitarios.

Recientemente el pueblo chileno, en dos oportunidades, ha rechazado la posibilidad de una nueva Constitución; la primera, fue en el año 2022 cuando su espíritu giró hacia la izquierda y, posteriormente -año 2023- cuando el mismo se ubicó en la derecha.

El Gobierno colombiano debería aprender del ejemplo de los ‘Australes’ y ponerse de una vez por todas a gobernar, no puede seguir soportado sobre la base de una mayoría que hoy no es amplia y, que tampoco cuenta con el respaldo de un porcentaje de la clase media que les creyó.

Las marchas del pasado domingo en toda Colombia han sido un fuerte y contundente mensaje de inconformidad contra el Gobierno Nacional. La enorme preocupación por el deterioro del orden público, la desmoralización de las fuerzas militares y de policía, la crisis minero-energética, los ataques a la institucionalidad, el debilitamiento del sector productivo y la incertidumbre por las reformas no consensuadas pero impuestas por vía administrativa, entre otras, han detonado esta reacción ciudadana.

El Gobierno Nacional no puede ser subestimado, desde el imperio de su lógica ya reaccionó y pretende desde ya, profundizar su mensaje de lucha de clases; su próximo paso será la marcha del primero de mayo.

Templanza deberá tener la oposición, la marcha fue exitosa pero nada se ha ganado y la señal de alerta, tampoco se ha apagado.

Advertidos.

Fuente: Diario La Nación

Gobierno Petro en ‘UCI’ por reforma a la salud-chicho rodriguez

Gobierno Petro en ‘UCI’ por reforma a la salud

¿Era necesaria una reforma a la salud? Claro que sí. Quizá, este fue el único punto en el que todos estuvimos de acuerdo; sin embargo, la obstinación del Presidente por imponer su razón lo nubló y le impidió ver que el texto propuesto, tal vez no era el más adecuado.

Al tiempo, el Congreso, medios de comunicación y opinión en general, radicalizaron también sus posiciones. La imposibilidad de lograr acuerdos se hizo realidad y la reforma terminó por hundirse. Aunque no quieran aceptarlo, el Gobierno Nacional también es responsable de este fracaso, al final, todos perdimos.

Con la intervención de la ‘Nueva EPS’ y ‘Sanitas’ por parte de la Superintendencia de Salud, más el interés de liquidación manifestado por “Compensar’, el Gobierno Nacional, tiene hoy bajo su control casi el 53% de las EPS, lo cual representa aproximadamente 28 millones de usuarios. De esta manera y antes de ser hundida la reforma, el presidente Petro despejó el camino para crear un peligroso monopolio público de la salud, el cual podría terminar siendo un giro en contra de las ‘IPS’, de los profesionales de la salud – ¿Cuántos empleos están en riesgo? – y de los mismos usuarios.

Para el caso de Neiva, muy atenta deberá estar la administración municipal; la ‘ESE Carmen Emilia Ospina”, atiende aproximadamente a 150.000 usuarios, principalmente del régimen subsidiado y posee acreencias con diferentes ‘EPS’ -intervenidas, en liquidación o privadas – las cuales le adeudan cerca de $22.500.000.000.

Toda sociedad debe propender por tener un sistema de salud que premie la eficiencia con indicadores de servicio, en este sentido, la historia nos ha enseñado que el Estado colombiano nunca ha sido el mejor en esto. Tan solo recordemos la experiencia del desaparecido ‘Seguro Social’; lejos estamos del modelo aplicado en países como Corea del sur, Austria o Bélgica.

Si a esto añadimos la incapacidad del gobierno para ejecutar el presupuesto nacional y la caída de más del 40% de las utilidades de ‘Ecopetrol’ el año 2023, sensatamente podemos concluir que no estamos en manos de los mejores administradores y ejecutores. Ad portas de cumplir dos años de mandato, al presidente Petro y su equipo de trabajo difícil se les ha hecho pasar de la retórica a los hechos.

En pocas semanas y con el acelerador a fondo por parte del gobierno para implementar a su manera la reforma a la salud, no tendremos los colombianos alternativa alguna para escoger entre lo bueno y lo malo.

La Procuraduría General y las altas cortes tendrán la última palabra frente a los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Salud. Si la decisión resultare ser adversa al querer del gobierno, ¿Estará este en voluntad de aceptarla?.

Fuente: Diario La Nación