“La legitimidad es la cualidad de una norma, autoridad o poder de ser aceptado como justo, válido y digno de obediencia por la sociedad, sin la necesidad de recurrir a la fuerza”, Max Weber.
En este sentido, la razón de ser del Estado descansa en su legitimidad. La autoridad que lo sustenta nace de un contrato que, en algún momento, todos aceptamos. En Colombia, el más reciente es la Constitución de 1991. No obstante, esa legitimidad se ha visto erosionada, tanto por errores propios como, de manera más preocupante, por las narrativas que hoy circulan en tiempos digitales, más precisamente, en redes sociales.
Es cierto que el Estado ha cometido excesos, pero también lo es que el propio sistema, a través de su rama judicial, ha sabido corregir, sancionar y devolver derechos. Esa capacidad de control interno es, en sí misma, la mejor prueba de legitimidad. Aun así, las nuevas narrativas se niegan a reconocerlo y buscan fragmentar la Nación en tantas partes como grupos criminales intentan imponer su propia ley.
La reciente situación en el municipio de La Plata y en otras regiones del país es inaceptable. Los grupos armados ilegales no pueden instrumentalizar a la población para impedir la presencia de la Fuerza Pública. Ninguna causa justifica que se use a los ciudadanos como escudo humano ni que se expulse a las instituciones del territorio.
El Gobierno debe entender que el control territorial de la ilegalidad está desplazando la legitimidad del Estado y con ello la de la Fuerza Pública. Ya hemos perdido importantes áreas del país y otras corren el mismo riesgo. No se puede permitir que comunidades enteras queden a merced de personas armadas sin Dios ni ley, todo por perseguir una paz que, hasta ahora, no arroja frutos tangibles.
En el Huila conocemos bien las consecuencias de ceder ante la ilegalidad. Sufrimos la llamada zona de distensión, pero lo que hoy ocurre parece aún peor. La fragmentación de los grupos armados y de sus economías ilícitas permite un impacto más amplio y disperso en todo el territorio, exigiendo mayores esfuerzos para combatirlos. Esta realidad se vuelve más alarmante en medio de una crisis fiscal profunda y del anuncio del Gobierno de no adquirir más armamento a Estados Unidos. El panorama es preocupante.
La legitimidad tampoco puede perderse en Neiva; cada día son más frecuentes los ataques a la autoridad. Urge implementar mecanismos tecnológicos que protejan al ciudadano de eventuales abusos y a la autoridad del irrespeto ciudadano. Las reglas están para cumplirse e ignorar la autoridad no puede volverse costumbre.
Fuente: Diario La Nación
