Una de las formas más sólidas de construir ciudadanía es ejercer el servicio público con responsabilidad y transparencia. Cuando la función pública se asume con seriedad, se fortalece el respeto por las instituciones y se edifica una sociedad más justa, cohesionada y solidaria.
Por esto resulta esencial que quienes ocupan cargos públicos comprendan el profundo compromiso que implica administrar los recursos del Estado. Más allá de los títulos y funciones, su tarea consiste en interpretar la realidad y tomar decisiones eficientes con resultados tangibles.
En ese contexto, recibí con gran satisfacción la reciente decisión de la Superintendencia Financiera de Colombia de otorgar vigilancia especial al Instituto de Fomento para el Desarrollo del Huila – INFIHUILA.
Este logro no fue producto del azar. Es el resultado de un proceso institucional que ha trascendido gobiernos, intereses políticos y ciclos electorales desde el año 2016. Un camino que ha requerido superar obstáculos internos por parte de quienes se aferraban al pasado. Afortunadamente, la determinación y visión permitieron que esa transformación avanzara.
Tuve el honor de gerenciar este proceso en uno de los momentos más críticos para el Instituto, los años 2020, 2021 y 2022, en plena pandemia del COVID-19. Fueron tiempos difíciles. El presupuesto de ingresos cayó drásticamente por la disminución de las tasas de interés, el cierre de los terminales de transporte y la ausencia de utilidades por parte de la Electrificadora del Huila, empresas en las que INFIHUILA posee una participación accionaria importante.
Ante ese panorama, junto con un valioso equipo humano, adoptamos medidas de austeridad y eficiencia. Con sentido de responsabilidad reconvertimos activos improductivos en liquidez, actuamos con rigor frente a las operaciones de crédito y transformamos los fondos especiales en fuentes diversificadas de ingreso que hoy siguen generando resultados. Todo esto permitió proteger el patrimonio institucional.
Gracias a estas acciones, en 2021, INFIHUILA recibió la calificación AA con perspectiva positiva, la más alta otorgada hasta ese momento a una entidad pública del orden departamental. Esa calificación fue fundamental para allanar el camino hacia la vigilancia especial que hoy celebramos.
Este nuevo estatus posiciona a INFIHUILA como un verdadero banco de segundo piso y un aliado estratégico para financiar los planes de desarrollo de nuestros municipios y del departamento.
Lo sucedido con INFIHUILA demuestra que las políticas públicas no deben estar al servicio de los gobiernos de turno, sino de una causa superior, el progreso colectivo.
Cierro estas líneas con un reconocimiento al actual gobierno departamental, a la familia INFIHUILA, a su gerente y al extraordinario equipo humano que perseveró con compromiso hasta alcanzar este logro.
Fuente: Diario La Nación
