La transición energética en Colombia se ha convertido en un tema central de la agenda nacional, en gran parte, por la forma en cómo el gobierno de Gustavo Petro lo ha manejado. A pesar de las controversias, es un proceso que no tiene marcha atrás.
El aumento en las tarifas del gas y la posible crisis en 2026-2027 han reavivado el debate sobre la necesidad de diversificar la matriz energética en nuestro país. Más que una cuestión política, se trata de un desafío estratégico para garantizar estabilidad y sostenibilidad.
Por esto, es clave evaluar el papel de todos los actores, incluyendo al Gobierno Nacional, las electrificadoras, las administraciones locales, las corporaciones autónomas regionales y el sector privado. La transición requiere una planeación y articulación rigurosa y objetiva.
Según la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), en 2025 la generación hidroeléctrica seguirá dominando con un 66.4% del consumo nacional, seguida por fuentes térmicas (24.7%) y, en menor medida, por energías renovables no convencionales como la solar y eólica (8.9%).
Paralelamente, un informe reciente de la Asociación de Energías Renovables destaca que, en 2025-2026, los proyectos de fuentes no convencionales sumarán 670 megavatios al sistema nacional. Regiones como Cundinamarca y Tolima lideran esta transformación con 310 y 180 megavatios, respectivamente, seguidas por Atlántico, Bolívar, Cauca, Córdoba, Norte de Santander y Sucre.
Estas iniciativas generarán más de 6.000 empleos y movilizarán inversiones superiores a $3,7 billones, además de contribuir a la compensación forestal con la siembra de más de 100 millones de árboles.
Sin embargo, la ausencia de Neiva y el Huila en este avance plantea una pregunta clave: ¿Qué ha impedido su mayor participación en la transición energética para 2025-2026? En la región, el impulso proviene principalmente del sector privado, con proyectos de autoconsumo como pequeñas granjas de 1.3 megavatios y parques solares de empresas como Ecopetrol. No obstante, el desarrollo de comunidades energéticas y la implementación de modelos corporativos de cooperación público-privada sigue siendo limitado.
Para lograr un cambio significativo, es urgente acelerar estos procesos y fomentar proyectos de alto impacto social, especialmente para las comunidades más vulnerables. La transición energética no puede ser solo una apuesta del sector privado; requiere una visión integral y un compromiso real desde el ámbito público.
Como ciudadano, hago un llamado a nuestros gobiernos y a la mesa de transición energética para que tracen directrices concretas que agilicen los trámites y permisos que hoy se encuentran estancados. Es crucial, también, garantizar seguridad jurídica y tributaria para mantener la confianza de aquellos que hoy invierten en Neiva y el Huila.
Fuente: Diario La Nación