Un Estado que no garantiza un acceso digno y eficiente a la salud condena a su población -principalmente a la más vulnerable- a la precariedad y demuestra una falta de compromiso con el bienestar colectivo, afectando, a su vez, la productividad y el futuro de toda una nación.
La crisis del sistema de salud en Colombia no es nueva, es un espiral que venía creciendo constantemente como resultado de décadas de errores cometidos gobierno tras gobierno, también de corrupción e ineficiencia administrativa.
Sin embargo, es innegable que esta crisis se agravó drásticamente en los últimos tres años, especialmente en el último, debido a la reforma que por vía administrativa (intervenciones) impuso el gobierno nacional, desconociendo las advertencias o riesgos de entregar la gestión del monopolio de la salud a un Estado que históricamente ha demostrado ser un pésimo operador en este ámbito.
Hoy, todos los colombianos, sin excepción alguna, estamos pagando la factura que el presidente le pasó al Congreso por el hundimiento de su anterior reforma a la salud. Un ejemplo más de la soberbia del mandatario.
Neiva no es la excepción, lo digo con certeza. Durante mis constantes recorridos escucho innumerables testimonios ciudadanos que reflejan una profunda preocupación e incertidumbre por el colapso que empieza a tener el sistema de salud. Maestros, abuelos, estudiantes, tenderos, taxistas, trabajadores formales e informales, así lo expresan.
La falta de acceso oportuno a servicios médicos, la escasez de medicamentos y los retrasos en cirugías o procedimientos, entre otras situaciones, se han convertido en el pan de cada día para miles de ellos, sintiendo así que su derecho a la salud está siendo vulnerado sistemáticamente.
Así mismo, las consecuencias de la ‘estatización’ apresurada de la salud ya son evidentes. Los efectos ya han golpeado con fuerza a las IPS, principalmente a la red pública y a los operadores farmacéuticos. Mientras el país se debate entre narrativas explicativas de lado y lado, vemos cómo clínicas y hospitales han tenido que cerrar áreas de atención o, en casos extremos, suspender totalmente sus operaciones.
Todos coincidimos en que el sistema necesita una reforma. Pero no una reforma centralizada o impuesta de manera totalitaria, sino una construida desde el diálogo, que combata la corrupción y que garantice eficiencia con indicadores claros de calidad y servicio. Un modelo que funcione para la gente.
En las próximas semanas, el Senado discutirá el proyecto aprobado en Cámara ¡Ojalá que en esta oportunidad exista sensatez, se corrija el rumbo y prevalezca el consenso! Es la vida de millones de colombianos lo que está en juego.
Fuente: Diario La Nación